Así lo afirma el presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, en una entrevista para 'Voces', una publicación dirigida a las personas con discapacidad intelectual y sus familias que se realiza desde Plena Inclusión, la red de organizaciones que vela por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España.

 

El Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que actualmente está en tramitación parlamentaria en el Congreso, tiene como objetivo acabar con la incapacitación judicial y plantea su sustitución por un sistema de apoyos individualizados adaptados a las necesidades de cada persona, para que sea esta quien tome sus propias decisiones de forma libre e informada.

 

De esta manera, el CERMI destaca que esta reforma tendrá una repercusión en la vida diaria de muchas personas con discapacidad que ahora mismo tienen ciertos derechos restringidos y que actúan con supervisión en el tráfico jurídico. “Todo este tipo de aspectos están intensamente afectados por una regulación que no otorga la plena capacidad jurídica a muchas personas con discapacidad, entre ellas a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”, asegura el presidente de CERMI Estatal.

 

Por otra parte, subraya que ha sido el movimiento asociativo de la discapacidad articulado en torno al CERMI el que ha tenido un gran papel de persuasión y de insistencia con el Gobierno para que llegue a articularse y que supondrá un “reto” llevarlo a la práctica lograr aplicarlo.

 

 

En este sentido, hace alusión a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en concreto, al artículo 12 sobre igual capacidad legal de las personas con discapacidad.

 

Este tipo de reformas están basadas en la Convención, que ya han ratificado más de 200 países, y asegura que España está siendo pionera en hacer este ejercicio de innovación porque “muchos de estos países no se atreven todavía a dar el paso de reformar su Derecho Civil en línea con el artículo 12 del citado documento”. De esta manera, Pérez Bueno considera que este cambio nos situará en una posición “muy interesante” como país en materia de discapacidad”.

 

Por último, Pérez Bueno manifiesta que esta reforma supone pasar de un “modelo restrictivo” a un “modelo promotor” para que las personas con discapacidad puedan llevar las riendas de su propio proyecto vital y requerir y recibir apoyos cuando los necesiten.